En el debate sobre la moción relativa a la detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, la portavoz del Grupo Con Podemos–IU, Laura Pérez, realizó una intervención de tono crítico y reivindicativo. Respondió con firmeza a las acusaciones de «oportunismo político» vertidas por los grupos de derecha, recordando que su formación «ha defendido históricamente la sanidad pública» y que «ya se habían presentado mociones similares antes del escándalo actual».
Pérez recalcó que las propuestas de su grupo «no buscan rédito político, sino visibilizar el agónico estado de salud del sistema público» y la urgencia de blindar derechos fundamentales como la salud y la igualdad. Denunció que las privatizaciones y recortes iniciados en 2010 «han deteriorado gravemente la sanidad andaluza» y criticó el modelo neoliberal aplicado por la Junta de Andalucía, que «adelgaza el sistema público en favor del privado», generando «listas de espera interminables, malas condiciones laborales y desigualdad estructural».
La concejala advirtió que el fallo en el cribado del cáncer de mama «no es un caso aislado, sino la punta del iceberg de un fallo multiorgánico» derivado de años de gestión deficiente. Acusó a la Junta de aplicar «necropolíticas de género», al priorizar el beneficio económico sobre la vida y los derechos de las mujeres.
Pérez subrayó el doble factor de discriminación que sufren las mujeres en el acceso a la salud —por el sesgo androcéntrico y la precarización del sistema— y alertó sobre el «desmantelamiento silencioso» del sistema público. Exigió revertir las políticas que mercantilizan la atención sanitaria y concluyó apelando a la «responsabilidad política y democrática de proteger la salud y la igualdad».
«No hablamos solo de un modelo sanitario, sino de la defensa misma de los derechos fundamentales en un Estado social y democrático de derecho», cerró Pérez, apelando a la responsabilidad política y democrática de proteger la salud y la igualdad, insistiendo en que no se trata sólo de un modelo sanitario sino de la defensa de derechos fundamentales en el estado democrático de bienestar.