Hay una idea que hay que clavar en la pared con un clavo gordo: la vivienda no se ha encarecido “porque sí”, sino porque durante años se ha permitido que manden las dinámicas especulativas, el peso de los grandes tenedores y el capital privado, mientras las instituciones miraban hacia otro lado o se refugiaban en la coartada de que “el mercado se regula”. Esa frase, que suena moderna y técnica, es en realidad una renuncia política. Y cuando la política renuncia, el mercado no “se regula”: captura, expulsa y precariza. Lo estamos viviendo, otra vez.
Lo más grave es que esta crisis no es un accidente, es el resultado de una inacción prolongada en todos los escalones competenciales. Estado, comunidad autónoma y ayuntamientos (cada cual con sus herramientas, sus competencias y sus excusas) han ido dejando pasar el tiempo como si la vivienda fuese un tema meteorológico, hasta que ha reventado por el sitio más frágil: familias, jóvenes y trabajadores que ya no pueden sostener alquileres imposibles ni acceder a compra sin hipotecarse la vida. Y aquí viene el detalle que da vergüenza ajena: no es que no tuviéramos un precedente; es que ya vivimos 2008, ya vimos lo que ocurre cuando el ladrillo se convierte en motor político y el derecho a la vivienda en un producto financiero. No aprendimos y ahora estamos pagando intereses morales y materiales.
Por eso, el debate no puede quedarse en el plano del “equilibrio” abstracto ni en el regate corto de la gestión. Hay que decirlo claro: en vivienda hace falta ser responsables y valientes. Responsables, porque si sabes que el mercado está roto y aun así no intervienes, no eres neutral: eres cómplice por omisión. Valientes, porque las medidas que de verdad mueven la aguja molestan a intereses muy concretos: obligan a priorizar el uso social del suelo, a blindar vivienda protegida, a apostar por alquiler asequible real y a diseñar un parque público que no sea una anécdota, sino una política estructural. Lo contrario —dejar que el problema “madure”— es exactamente lo que nos ha traído hasta aquí.
Aterrizando a lo local, que es donde se comprueba si el discurso tiene hueso: hablamos de 1 496 familias demandantes registradas. 1 496. Eso no es una cifra para un informe: es un retrato social de un municipio tensionado. En este contexto, cualquier paso que incremente VPO y alquiler asequible no es propaganda, es intervención pública contra un mercado que, si lo dejas solo, convierte el derecho en un privilegio de renta. Quien no entienda eso, que no hable de “derecho a la vivienda”: está hablando de otra cosa, probablemente de negocio.
La conclusión política es sencilla y no admite postureo: o hacemos políticas de vivienda con dientes (planificación, suelo, promoción pública, alquiler asequible, límites y condiciones claras), o seguiremos recitando artículos constitucionales mientras la gente hace malabares para no irse de su barrio. La vivienda no se arregla con frases bonitas; se arregla con decisiones incómodas, y ya va tocando tomar alguna.
Por eso hemos votado a favor de poner suelo a disposición de la construcción de vivienda protegida, porque la solución a esta crisis, como siempre hemos defendido, pasa por lo público.
