Andalucía acaba de cruzar una línea. Juanma Moreno ha entregado a VOX el control de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, adscritas al Instituto de Medicina Legal. Son los equipos —psicólogos, forenses, trabajadores sociales— cuyos informes deciden si una mujer maltratada consigue una orden de protección, si conserva la custodia de sus hijos, si recibe una ayuda pública. No es un equipo decorativo, es el blindaje que separa a una mujer de su agresor.

Ese blindaje depende ahora de la Consejería de Justicia, que pilota Manuel Gavira, vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de VOX. El mismo que lleva años llamando a estos servicios «chiringuitos ideológicos».

Esto no es un giro repentino, sino la culminación de un plan de siete años.

2019: Vox entra en el Parlamento andaluz y, como una de sus primeras medidas, exige por escrito el listado con nombre y apellidos de todos los técnicos que elaboran esos informes. El objetivo, dicho sin eufemismos por su portavoz: «depurar» a los profesionales «ideologizados». La Junta se negó entonces, amparándose en la ley de protección de datos.

2026: no necesitan la lista. Tienen la consejería entera. Y con ella, la capacidad de modificar, recortar o directamente desmontar el decreto que regula esas unidades.

El pacto de gobierno PP-VOX, de 150 medidas, incluye el compromiso de «revisar y, en su caso, derogar» la Ley de Violencia de Género, la Ley de Igualdad y la Ley Trans andaluzas, bajo la etiqueta de «leyes ideológicas». No hace falta imaginación para saber qué significa poner a quien quiere derogar la ley al frente de quienes la aplican.

Moreno Bonilla ya no finge moderación: durante años vendió la idea de que gobernaba «a pesar de» VOX, conteniendo su influencia desde el centro. Eso se ha acabado. Ahora gobierna con VOX, y le ha entregado, sin necesidad de que lo pidan, exactamente lo que llevaban un lustro pidiendo. El cordón sanitario nunca existió: era una gestión de expectativas hasta que la aritmética parlamentaria hiciera innecesario seguir fingiendo.

Desde Podemos Mairena del Aljarafe no vamos a tratar esto como una anécdota autonómica lejana. Lo que se decide en San Telmo llega a los juzgados que atienden a mujeres de este municipio. Cada recorte, cada informe cuestionado, cada protocolo «revisado» tiene nombre y apellidos aquí también.

Exigimos:

• La reversión inmediata de la cesión de estas competencias a la Consejería que dirige VOX.
• El compromiso público y verificable de Moreno Bonilla de blindar el funcionamiento e independencia técnica de las Unidades de Valoración Integral.
• Que el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe refuerce y visibilice sus propios servicios municipales de atención a víctimas, precisamente porque no podemos confiar en que la Junta los sostenga.

Cuando la ultraderecha pide gestionar la violencia machista, no pide gestión: pide impunidad con membrete oficial. Moreno Bonilla lo sabe y lo ha firmado igual.