Veintiún trabajadores. Esa es la cifra de sevillanos y sevillanas que no han vuelto a casa este año después de ir a trabajar. Veintiuno, en apenas siete meses. Y solo en la última semana de junio y los primeros días de julio, cuatro personas más se han sumado a esa lista: un hombre en La Rinconada, matado por un caballo mientras cuidaba animales; otro en Fuentes de Andalucía, aplastado bajo un tractor; un albañil que cayó diez metros en una obra del centro de Sevilla; un jardinero que se precipitó desde una plataforma elevadora en Villamanrique de la Condesa mientras podaba un árbol.

Cuatro muertes en nueve días. En 2025, Sevilla cerró el año con 36 fallecidos por accidente laboral, la cifra más alta de la última década. Y en lo que llevamos de 2026, seguimos liderando —una vez más— el ranking andaluz de siniestralidad laboral, tanto en accidentes con baja como en muertes. No es una racha. No es mala suerte. Es un patrón, y los patrones se corrigen con políticas, no con minutos de silencio.

Basta ya de naturalizar la muerte en el trabajo

Cada uno de estos accidentes tiene nombre, cara, familia. Y cada uno de ellos, según las inspecciones que se van conociendo, comparte el mismo origen: incumplimiento de la normativa de prevención, falta de formación específica, ausencia de medidas de coordinación en obra, maquinaria sin las revisiones debidas, plazos de ejecución que priman sobre la seguridad. No hablamos de fatalidades imprevisibles. Hablamos de riesgos conocidos, evitables, que se asumen porque formar, proteger y frenar la obra cuesta dinero, y hay empresas —y administraciones que las contratan— dispuestas a jugarse la vida de otros para ahorrárselo.

Mientras tanto, la provincia de Sevilla bate récords de beneficio empresarial. El contraste es, sencillamente, indignante: cuentas de resultados históricas construidas, en parte, sobre una precariedad que mata.

Lo que exigimos desde Podemos Mairena del Aljarafe

No basta con lamentar cada tragedia cuando ya ha ocurrido. Exigimos:

• Inversión real en formación en prevención de riesgos laborales, especialmente en los sectores de mayor siniestralidad —construcción, agricultura, industria—, con formación específica y continua, no cursos de trámite.
• Refuerzo urgente de la Inspección de Trabajo en la provincia, con más medios y más personal para que las inspecciones dejen de ser la excepción y pasen a ser la norma.
• Cláusulas sociales y de seguridad laboral vinculantes en toda contratación pública municipal: ninguna empresa que incumpla prevención de riesgos debería optar a un contrato con nuestros ayuntamientos.
• Coordinación efectiva entre administraciones —municipal, autonómica y estatal— para el seguimiento de empresas reincidentes en materia de seguridad.
• Protección real para el trabajador, no solo sobre el papel: revisión de maquinaria, delimitación de zonas de riesgo, plazos de obra que no obliguen a elegir entre ir rápido o ir seguro.

La seguridad en el trabajo no es un gasto. Es la diferencia entre que alguien vuelva a casa o no. Desde Podemos Mairena del Aljarafe seguiremos exigiendo, en cada institución donde tenemos voz, que la vida de quien trabaja valga más que un plazo de entrega o una cuenta de resultados. Los accidentes evitables se evitan invirtiendo, formando y fiscalizando. Todo lo demás son excusas que se cuentan en funerales.